MÉXICO (AFP) — La polémica sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México sigue vigente a un año de su entrada en vigor, lapso en el que se han realizado 7.820 abortos, y cuando la Suprema Corte analiza su constitucionalidad.
"Se demostró que la Ciudad de México no se convirtió en el 'paraíso del aborto', como otros apostaban", afirmó el secretario de Salud de la ciudad, Manuel Mondragón, en referencia a una de las críticas de la Iglesia católica y la derecha mexicana para oponerse a la norma.
La reforma del código penal que despenalizó el aborto en la capital hasta las 12 primeras semanas de gestación entró en vigor el 24 de abril de 2007 acompañada de un reglamento que obligaba a los servicios de salud municipales a atender a las mujeres que la solicitaran.
Según Mondragón, en ese tiempo se produjo una muerte, la de una adolescente de 15 años que fue intervenida al margen del protocolo oficial, pues presentaba 16 semanas de embarazo, por un médico que fue suspendido y sometido a investigación.
Sin embargo, Jorge Serrano, presidente de Provida, la organización conservadora que más visceralmente se ha opuesto a la despenalización, afirmó que "son ocho las mujeres que han muerto" en el Distrito Federal, frente a 98 en todo el país en abortos clandestinos.
En el Distrito Federal viven ocho de los 105,8 millones de habitantes del país, si bien de las 7.820 interrupciones del embarazo realizadas, el 20% fue a mujeres de otros estados.
Además, "ha habido el derramamiento de sangre de 7.195 seres humanos (cifra de interrupciones hasta el 31 de marzo) que han sido masacrados, son corazones que han dejado de latir", criticó Serrano.
Provida ha pedido intervenir en las audiencias que realiza la Corte Suprema desde hace dos semanas para analizar los recursos de inconstitucionalidad contra la norma presentadas por el gobierno a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y por el ombudsman nacional.
"Vamos con los argumentos suficientes técnico-jurídico-científicos para ganar nuevamente el debate", afirmó el diputado capitalino Víctor Hugo Círigo, impulsor de la iniciativa, quien acusó al ombudsman y a la PGR de actuar como "defensores de oficio de la alta jerarquía católica y de la ultraderecha".
También participará en las audiencias el gobierno de la Ciudad de México, que expone a favor de la legalización los resultados de este primer año.
El secretario de Salud capitalino se congratuló además de que cada vez fueron necesarias menos intervenciones quirúrgicas.
En promedio, dijo, en el 31% de las interrupciones fue suficiente con la aplicación de medicamentos, y en el 39% medicamentos y aspiración, mientras que tan sólo en el 30% se requirió un procedimiento quirúrgico, cifra que se redujo en el último mes al 5%.
Frente a las críticas de que la despenalización fomentaría los abortos, el secretario de Salud reconoció que "han tendido a aumentar", pero "no en forma desproporcionada".
Además, destacó que durante este año hubo más de 11.000 solicitudes, por lo que "hay un porcentaje que solicitaron el procedimiento y por la consejería no disuasiva (de los servicios públicos de salud) no llegaron" a practicarlo.
En la calle, los favorables a la despenalización parecen ser la mayoría, según una encuesta de Ipsos-Imba difundida este miércoles.
El 63% de los sondeados se mostró a favor de la norma, contra el 26% que se opuso, y el 66% consideró que evita que las mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros.
Sin embargo, Alejandra Hernández, una joven que recurrió a esa práctica legal, dijo que "las dificultades para tomar esa decisión no están dadas por un sentido de culpabilidad, sino por un rechazo social que en nuestro país, aunque es minoritario, es muy agresivo, muy violento".
Hernández recordó que cuando acudió a un hospital para informarse fue interceptada por una organización que "con engaños" le hizo creer que apoyaba el aborto y, tras llevarla a uno de sus locales, intentó disuadirla con violentas imágenes de legrados.
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