MADRID (AFP) — El juez español Baltasar Garzón, firme defensor y pionero de la justicia universal desde la década de los 90, se atreve por fin a investigar delitos de lesa humanidad en su propio país, lo que además será la primera investigación judicial en España sobre las víctimas del franquismo.
Este caso, por el rechazo que suscita en la derecha española, podría ser uno de los más difíciles de la carrera de quien es titular desde hace 20 años del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial del país.
Su decisión coincide además con la detención por él pedida, hace exactamente 10 años, el 17 de octubre de 1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres por crímenes contra la humanidad.
El juez, que nació en 1955 en Torres (Jaén, sur), defiende desde mediados de los 90 los fundamentos de la justicia universal, por la cual cualquier Estado del mundo puede juzgar a alguien por delitos de lesa humanidad, independiente de dónde se hayan cometido.
El caso Pinochet, que comenzó para él en 1996, cuando recibió la primera denuncia, "desató el mecanismo de la jurisdicción universal" y "tuvo un efecto dominó", ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras, estima la organización Amnistía Internacional.
Hoy, la justicia de países como Bélgica, Alemania, Canadá, Holanda o Suiza, la Corte Penal Internacional y tribunales internacionales como los de la ex Yugoslavia y Ruanda, llevan adelante causas contra violadores de derechos humanos sobre la base de la jurisdicción universal.
En cuanto a España, "exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue respecto de otros países", según Amnistía, con 17 demandas presentadas, de las cuales 11 admitidas a trámite -relativas a delitos en Chile, Argentina, Guatemala, Tíbet, Sahara Occidental, Ruanda- y sólo una con juicio y sentencia, para el ex represor argentino Adolfo Scilingo.
Scilingo fue condenado en 2005 a 640 años cárcel, lo que el Tribunal Supremo elevó dos años más tarde a 1.084 años.
"En España el camino de la justicia universal está abierto y cada vez más consolidado", dijo el juez el jueves.
Y Garzón es sólo el magistrado español más conocido de los varios de la Audiencia Nacional que luchan por aplicar la justicia universal.
Otro de estos jueces, Santiago Pedraz, investiga la muerte de unas 200.000 personas durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986).
Garzón, de 52 años, encargado en su carrera de importantes casos en España como la lucha contra ETA y los extremistas islamistas, la corrupción político-policial y el narcotráfico, fue empujado a ocuparse de las víctimas del franquismo.
A finales de agosto asistió a la exhumación de una fosa común en Colombgia de víctimas de los paramilitares, invitado por el fiscal general de ese país, Mario Iguarán.
El hecho provocó que las asociaciones de familias de víctimas del franquismo, que presentaron denuncias a la Audiencia Nacional desde 2006, pidieran al juez que tuviera "en España la misma preocupación por los desaparecidos forzados que está teniendo en otros países".
Días después el juez envió una solicitud a varias instituciones para que le enviaran datos con vistas a decidir si investigaba los hechos.
Casado y con tres hijos, de aspecto tímido y voz aguda, cuenta con admiradores en todo el mundo, y detractores que le acusan de ser un "juez-estrella".
Desde hace años combina su trabajo con conferencias en todo el mundo y constantes apariciones en los medios de comunicación.
En 2005 presentó su libro autobiográfico "Un mundo sin miedo" y en los últimos años ha colaborado con el periodista Vicente Romero en los documentales "El alma de los verdugos", sobre los crímenes de la dictadura argentina, y "Las tinieblas del poder", sobre las violaciones de los derechos humanos en las guerras de Afganistán e Irak.
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