MADRID (AFP) — Los secretarios judiciales hicieron este martes un paro de tres horas en protesta por la sanción impuesta a su compañera sevillana Juana Gálvez por el llamado 'caso Mari Luz'. Tuvieron el apoyo de gran parte de los jueces y Mariano Fernández Bermejo dijo que se pretende "presionar" al CGPJ.
El objetivo de esta "huelga encubierta", dijo el titular de Justicia, es que el Consejo General del Poder Judicial no aumente la sanción a Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla: una multa de 1.500 euros por no ejecutar la condena a dos años y nueve meses de cárcel contra Santiago del Valle por abusar sexualmente de su propia hija, dictada en noviembre de 2002 y confirmada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
Durante más de dos años, el juez Tirado no ordenó ejecutar la condena, lo que justificó por la falta de personal y de medios materiales de su juzgado. El Ministerio de Justicia sancionó a Juana Gálvez, secretaria del juzgado de Tirado, con dos años de suspensión de empleo y sueldo. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, criticó este martes a los huelguistas, por rechazar que se sancione a alguien "a pesar de que se sabe que ha cometido una falta".
Margarita Martínez, portavoz de Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), una de las dos organizaciones de secretarios que convocó el paro entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, rechazó las acusaciones de corporativismo y subrayó el hartazgo del sector ante la supuesta falta de medios. "Es necesaria la protesta, porque es hora de que los ciudadanos vayan viendo la precariedad de medios que tenemos en la justicia", declaró.
Gran parte de los jueces mostraron su apoyo al paro de los secretarios convocando juntas de gobierno para analizar las circunstancias de la sanción al juez sevillano. Mari Luz Cortés, de cinco años, desapareció el pasado 13 de enero cerca de su casa, cuando fue a comprar golosinas a un quiosco próximo. Su cadáver apareció el 7 de marzo flotando en la ría de Huelva. Dos semanas después, Santiago del Valle fue arrestado como presunto autor del crimen.
En el escrito de alegaciones enviado al CGPJ solicitándole que desestime el recurso de la fiscalía contra la multa de 1.500 euros, el juez Tirado afirma que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la condena correspondía por ley a la secretaria judicial. El lunes, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado afirmando que el paro de los secretarios judiciales tan sólo responde "a razones corporativas" y permitiendo que los servicios mínimos garantizarán la atención a los ciudadanos.
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