MIAMI (AFP) — En la maniobra para ocultar el origen de 800.000 dólares que Venezuela envió a Argentina en 2007, para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, el gobierno venezolano temía verse aún más comprometido en el traslado del dinero, declaró este jueves el abogado Moisés Maiónica.
Maiónica había sido contratado por el gobierno venezolano para ocuparse en Miami de tapar el escándalo.
Durante sus gestiones, el jefe de inteligencia de Venezuela, Henry Rangel Silva, le advirtió que ni la petrolera estatal venezolana PDVSA ni otra empresa pública de ese país iban a aportar un documento para fraguar un pago al empresario Alejandro Antonini que le permitiera a éste argumentar que el dinero que le incautaron en Buenos Aires era suyo, dijo Maiónica.
"El gobierno no estaba de acuerdo que el dinero se justificara a través de un documento de PDVSA ni de ningún órgano oficial porque eso establecería una conexión gubernamental con el caso del maletín", declaró Maiónica, que mientras intentaba negociar con Antonini a fines de 2007 fue detenido y acusado por Estados Unidos de agente ilegal de un gobierno extranjero.
El abogado se declaró culpable y comenzó a colaborar con la fiscalía estadounidense, que pidió su declaración en el juicio donde se juzga a otro venezolano, Franklin Durán, también acusado en el caso de agente encubierto.
Antonini llegó a Buenos Aires el 4 de agosto de 2007 con el polémico maletín en sus manos, pero el dinero no era suyo sino de PDVSA, según evidencias del juicio que se sigue en Miami.
Pero Venezuela no encontraba la manera de despegarse del escándalo, ni tampoco la forma de enviarle los dos millones de dólares que pedía el empresario para participar de la operación de silenciamiento, declaró Maiónica en una corte de Miami.
Antonini y Maiónica se reunieron varias veces para definir cómo el gobierno venezolano le haría llegar los dos millones de dólares que él exigía.
"El pago debía ser en efectivo", contó Maiónica. "Conversamos sobre la posibilidad de que él designara una persona de su confianza que retirara el dinero en Venezuela, fuera a una casa de cambio, pagara un 3 o 4% de comisión y lo transfiriera a una cuenta suya en el exterior", señaló.
"Pero él decía que no tenía a nadie de confianza en Venezuela", agregó.
Antonini, que tiene ciudadanía estadounidense además de la venezolana, nunca acordó con el gobierno de Caracas.
En cambio, denunció las presiones que recibía del FBI y grabó conversaciones clave que están siendo utilizadas como pruebas en el juicio en Miami contra los supuestos agentes encubiertos de Venezuela.
Mientras se aguarda la declaración clave de Antonini para los próximos días, el viernes la fiscalía estadounidense presenta como testigo a un agente de la DEA en Caracas.
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