BRUSELAS (AFP) — Instalados en el extremo de dos grúas de construcción de inmuebles frente a las sedes de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) en Bruselas, seis marroquíes sin papeles denuncian la dureza de Bélgica y la nueva política migratoria de la UE.
Unos cuarenta inmigrantes clandestinos entraron en acción en la noche del lunes y se subieron a seis grúas de varias obras en construcción en la capital, entre ellas una ubicada en el barrio europeo, según la policía.
Los manifestantes dicen llevar adelante una huelga de hambre y se niegan a descender hasta que se les haya otorgado el permiso de estancia y de trabajo, en medio del endurecimiento de un movimiento de protesta de clandestinos que reclaman ser regularizados en Bélgica.
"Elegimos el barrio de los centros europeos para decir a los europeos que estamos en contra de lo que Europa prepara contra los inmigrantes", explicó a AFP Rachid Moumni, un belga de origen marroquí miembro de la organización Tamaynut y portavoz de los manifestantes.
"Hay un acuerdo europeo que dice que es necesario expulsar a los sin papeles y que prevé permisos de estadía económicos para inmigrantes económicos", denuncia Moumi, en referencia a la 'Carta Azul' que propone la Unión Europea (UE), siguiendo la línea de la 'Green card' norteamericana, y la 'Directiva Retorno'.
"Somos seres humanos. Den permisos de estancia para que podamos trabajar legalmente en las obras de construcción en las cuales estamos empleados. No queremos trabajar más como esclavos", afirman los sin papeles a través de su portavoz.
Explican que tienen entre 20 y 30 años, están empleados en negro y cobran "entre 20 y 25 euros diarios por una jornada de labor extenuante, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche".
Con la llegada de las vacaciones se encontraron sin trabajo, sin medios de subsistencia y con la promesa de ser contratados a partir del mes de septiembre. "No es normal", denuncian.
Las asociaciones de defensa de los sin papeles estiman en 100.000 el número de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Bélgica, que cuenta con una población de más de 10 millones de habitantes.
Este año, de 8.780 casos analizados hasta fines de mayo apenas 2.403 obtuvieron la regularización, según datos oficiales.
La coalición en el poder está dividida ante esta cuestión. "Las decisiones serán tomadas cuando maduren", declaró la semana pasada el jefe de gobierno, el demócrata-cristiano flamenco Yves Leterme.
En efecto, por el momento no hay plazos y la autoridades optaron por la dureza. "No discutimos con personas que llevan adelante acciones. No hay diálogo y no lo habrá", afirmó el martes a la prensa el director general de la Oficina de Extranjeros, Freddy Roosemont.
Bélgica procedió en 2007 a 23.000 detenciones administrativas, expulsó a unos 9.000 clandestinos y facilitó la partida voluntario de más de 2.500, indican las datos de Oficina de Extranjeros.
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