LIMA (AFP) — Las Fuerzas Armadas de Perú afrontan acusaciones de violación de derechos humanos formuladas por campesinos, durante la mayor ofensiva militar iniciada en agosto contra los últimos contingentes armados de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
Las denuncias fueron presentadas ante una fiscalía de derechos humanos en Ayacucho (sudeste de Perú) y aluden a la desaparición de 11 personas en el marco de las operaciones realizadas por el Ejército en la agreste región de Vizcatán, bastión maoísta desde hace dos décadas.
Medios de prensa en Lima y Ayacucho difundieron la versión, que fue rechazada por el Ministerio de Defensa.
Además, radios del interior y de Lima propalaron el jueves la denuncia de una persona identificada como 'camarada Gabriel', integrante de Sendero Luminoso, quien dijo que el ejército mató a 5 campesinos confundiéndolos con guerrilleros.
"Es una campaña de desinformación" para desacreditar a las fuerzas armadas ante la población, dijo el general Otto Guibovich, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, citado por el diario El Comercio.
Las fuerzas armadas niegan las desapariciones e insistieron en que los cinco civiles muertos en Vizcatán son guerrilleros.
El general Guibovich resaltó que desde el comienzo de las operaciones militares para lograr el control total de Vizcatán 18 soldados resultaron heridos.
Fuentes militares estiman que los senderistas activos en Vizcatán y en sectores de la selva central de Perú no superarían los 150 hombres y que no constituyen un peligro para la seguridad nacional.
El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, negó cualquier exceso e instó a la fiscalía a investigar la denuncia.
La fiscalía debe -agregó- terminar con "las infundadas sospechas" que buscan afectar las operaciones militares en los valles de los ríos Apurímac, Ene y en Vizcatán, donde narcotraficantes actúan junto a columnas de Sendero Luminoso.
Los jefes militares aseguran que la ofensiva provocó el desplazamiento de civiles por temor a los enfrentamientos. Los desplazados, cuyo número no ha sido precisado, huyeron temerosos de ser atrapados por el fuego cruzado. Según las autoridades peruanas, las poblaciones desplazadas, todas de origen humilde, recibirán ayuda sanitaria y alimentaria de las fuerzas armadas.
La ofensiva militar se inició a fines de agosto bajo el nombre clave de Plan de Operaciones Excelencia con el fin de "expulsar a los últimos contingentes de Sendero Luminoso del Vizcatán".
El Instituto de Defensa Legal, una poderosa ONG ligada al campo de derechos humanos, respaldó la acción militar "en su tarea de combatir a la subversión, que aliada al narcotráfico, no ha cesado de utilizar la violencia", pero expresó su inquietud por el desplazamiento de campesinos y las denuncias de desapariciones.
Sendero Luminoso, cuyos principales líderes están encarcelados o muertos, desató un conflicto interno en Perú que dejó 70.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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