MÉXICO (AFP) — La Suprema Corte de Justicia inicia este lunes su debate sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto vigente en la capital mexicana tras haber recibido decenas de posturas a favor y en contra y bajo la presión de la Iglesia, que reiteró su rechazo a la interrupción del embarazo.
Ocho votos de los 11 ministros de la Corte son necesarios para que sea derogada la ley que permite abortar en las primeras 12 semanas de gestación, de los cuales cuatro no han definido públicamente su voto, entre ellos las dos únicas mujeres que integran la corte.
En caso de que el máximo tribunal derogue la ley del aborto, las mujeres que interrumpan su embarazo recibirán penas de entre tres y seis meses de cárcel.
Desde el 27 de abril de 2007, día en que entró en vigor la ley capitalina, un total de 12.262 mujeres de entre 18 y 29 años, todas ellas de clase media y baja, han interrumpido su embarazo en alguna de las 12 clínicas que ofrecen el servicio.
"Es decir que unas 80 al día han ejercido el polémico derecho", comentó a la AFP, María Luz Estrada, vocera de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
En tanto que otras 14.000 han desistido tras acudir a pedir informes a las clínicas, añadió la activista.
Entre 1990 y 2005 un promedio de 13 mujeres morían al año por practicarse abortos clandestinos sólo en la Ciudad de México, de acuerdo con organizaciones a favor del aborto, en tanto que la ultraconservadora Provida asegura que sólo eran ocho los fallecimientos.
Desde abril del año pasado, sólo una joven de 16 años falleció debido a que tenía más meses de embarazo y no lo dijo al médico en turno.
"Es una ley que tiene que ver sobre todo con la justicia social porque las que más han usado ese nuevo derecho son las mujeres pobres, que además tienen la opción de desistir", añadió Estrada.
En contraparte, Provida colocó el domingo 12.000 cruces de papel en las escalinatas del céntrico monumento del Ángel de la Independencia para representar los abortos realizados bajo la ley en cuestión.
Su ex presidente, Jorge Serrano, ha dicho a la prensa que las mujeres que han interrumpido su embarazo lo han hecho por "ignorancia".
Esa posición constituye uno de los principales obstáculos para que se ejerza el polémico derecho.
Católicas por el Derecho a Decidir elabora un estudio sobre los resultados que ha tenido la ley.
Del estudio se desprende en principio que "los grupos conservadores son los que han obstaculizado más el proceso porque detectan a las mujeres que van a las clínicas a pedir informes y las hostigan con cuestionamientos y mostrándoles imágenes de fetos destrozados".
"Eso violenta el derecho de una mujer, como también lo violenta el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)", prosiguió la activista.
Como resultado de esa campaña contra el aborto, "un 40% de los médicos de la capital se oponen al aborto; sin embargo la demanda está cubierta, al menos hay dos que sí están a favor en cada clínica", sostuvo Estrada.
El debate de los ministros estuvo precedido por un inédito mensaje publicitario transmitido en cadena nacional de la Conferencia del Episcopado de México (CEM), un país laico pero con más del 80% de su población católica.
"Cuando en una sociedad se debate la despenalización del aborto, lo que en el fondo se discute es el futuro de una nación", sostuvo Carlos Aguilar, presidente del CEM en su mensaje nacional.
"Sin el don de la vida, toda oportunidad se extingue. Sin el don de la vida, no es posible ejercer otro derecho", añadió en el mensaje, que es el mismo concepto en el que se basa el proyecto a discutirse en la SCJN.
Legisladores de la Ciudad de México organizaron una protesta en una de las cárceles para mujeres más grandes de la Ciudad de México bajo el lema "Ni una sola mujer más encarcelada por haber ejercido el derecho a decidir sobre su cuerpo".
En el resto del país el aborto es permitido si el producto fue concebido en una violación; sin embargo no existen los reglamentos necesarios para garantizar el accedo a ese servicio.
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