La política contra la pobreza en Costa Rica, en entredicho

SAN JOSÉ (AFP) — Desvío de fondos de la pobreza para consultorías, una veintena de instituciones duplicando actividades para los más necesitados, falta de política de Estado para reducir una lacra que afecta al 16,5% de la población: la política social de Costa Rica está en entredicho.

Las principales críticas proceden del propio Gobierno. La viceministra de Desarrollo Social, Ana Isabel García Quesada, aseguró que las autoridades "desconocen" quiénes son en realidad las más de 700.000 personas que viven en condiciones de pobreza en el país.

Ello pese a que 22 instituciones trabajan en el área social y se están ejecutando 50 programas para mejorar la situación de los pobres.

"No se ha prestado atención suficiente a cómo se invierten los recursos del Estado", declaró a AFP la viceministra, quien explicó que el 10% del gasto social en Costa Rica está dedicado a programas focalizados en los más pobres.

Según la funcionaria, no ha habido "diseño de programas" ni "monitoreo" ni "seguimiento" ni "ninguna evaluación" de lo que se está haciendo.

"Nadie se ha puesto a examinar cuánto se está invirtiendo y si lo que se está invirtiendo está teniendo el efecto deseado", resumió, antes de agregar que la falta de padrones, como por ejemplo existen en España, dificultan la labor.

"Aquí hay oferta, pero no sabemos quiénes son (los pobres) ni dónde están", explicó, antes de instar a la creación de una rectoría institucionalizada y una política de Estado para combatir esta lacra.

En su editorial del martes, el diario La Nación califica de "engaño institucionalizado" la "gran política social, que no llega a los pobres de carne y hueso" en un país que ha registrado un crecimiento de la economía en torno al 7% en los últimos años.

"Es imposible ayudar a un ser humano, esto es, proporcionarle educación, salud o empleo, si no se sabe quién es o dónde está", asegura el diario que aboga por una política de Estado que "desemboque en un compromiso nacional para no seguir jugando, cada cuatro años, con los pobres".

Costa Rica dedica más del 20% del gasto público al área social, convirtiéndolo en uno de los países que más invierte en este sector en la región latinoamericana, aunque todavía no ha igualado la inversión per cápita en esta área que había a finales de los años 80.

En los dos años de gobierno de Óscar Arias, la pobreza se ha reducido casi cuatro puntos, pero los analistas alertan de que el alza de los precios del petróleo, la carestía de los alimentos y por ende el aumento de la inflación dilapidará rápidamente estos resultados y arrastrará al 12% de la población que sobrevive en la periferia de la pobreza a ésta.

"Costa Rica es un país más rico, pero más desigual", aseguró a AFP Eugenio Trejos, uno de los autores del Informe Estado de la Nación, y líder de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quien asegura que el país "carece de una verdadera agenda social de desarrollo".

Uno de los detonantes de esta catarsis ha sido el uso de 1,5 millones de dólares donados por Taiwán para la construcción de casas a familias pobres en una barriada cercana a San José en costosas consultorías encargadas a organismos privados y que le han costado el puesto al titular de la Vivienda, Fernando Zumbado.

Las cabezas no han hecho más que empezar a rodar: el lunes por la noche, la directiva de la Junta de Protección Social, que administra la lotería estatal y cuyos ingresos sirven en parte para financiar programas sociales, dimitieron a instancias del gobierno harto de sus disputas internas que han paralizado varios programas de ayuda social.

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