LA PAZ (AFP) — El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue acusado por allegados al ex mandatario ultraliberal boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada de haber financiado la rebelión popular que le tumbó el 17 de octubre de 2003 y que cobró la vida de 60 personas y dejó más de 400 heridos de bala.
Se trata de la primera vez que el mandatario venezolano -actualmente blanco de críticas por la oposición de derecha en Bolivia por supuesta injerencia en asuntos del país- es vinculado a ese luctuoso suceso, y el encargado de hacerlo fue el vocero y yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.
El tema de la rebelión popular reflotó por tratarse del cuarto aniversario, fecha que la Fiscalía boliviana aprovechó para acusar formalmente el ex mandatario -actualmente exiliado en Estados Unidos- de genocidio y otros ocho cargos.
"Qué mejor forma de ocultar la mano de Chávez en octubre que echándole la culpa a Goni", como popularmente se conoce a Sánchez de Lozada, deslizó Balcázar, quien, junto a su suegro, está autoexiliado en Washington desde donde habló por teléfono con la red televisiva privada ATB.
"Una visita de varios diputados del MAS (el partido del actual presidente Evo Morales) a Caracas, Venezuela, después del 2002 (en que los pobladores se rebelaron ante los altos precios del servicio de agua), se aprovechó para trasladar más de 200.000 dólares a Bolivia", dijo Balcázar.
Balcázar -considerado la 'eminencia gris' de las comunicaciones de Sánchez de Lozada- sostuvo, aunque sin pruebas, que esos dineros fueron utilizados entonces por los militantes del partido de Morales para promover las protestas.
"Y hoy vemos cómo Chávez actúa, como se siente dueño de Bolivia", subrayó.
Balcázar intentó además involucrar en los episodios de violencia de hace cuatro años a Morales y al entonces jerarca de los indígenas aymaras Felipe Quispe, conocido como 'el Mallku'.
"A este gobierno nunca le importó lo que ocurrió con los inocentes, no le importan los heridos, le importa un juicio para fines políticos y en ese sentido han usado a la justicia para tapar lo que realmente ocurrió", señaló en referencia a los múltiples pedidos de repatriación de Sánchez de Lozada por parte del gobierno
"El juicio es un acto político, no tiene pies ni cabeza", dijo al ratificar que el ex gobernante, derrocado 14 meses después de iniciar su segundo mandato, no retornará al país debido a que "no existen condiciones para un proceso justo".
Precisamente este miércoles el fiscal general boliviano, Mario Uribe, presentó acusación contra Sánchez de Lozada y doce colaboradores, entre ellos cinco miembros del ex mando militar, "por la probable comisión de los delitos de genocidio, en su modalidad de masacre (...), homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad (...), violación de libertad de prensa" y otros sancionados por el código penal.
El levantamiento popular contra Sánchez de Lozada se opuso a sus planes de exportar gas natural a Estados Unidos, usando barcos metaneros desde puertos chilenos.
Grupos de familiares de víctimas de la denominada 'guerra del gas' tenían previsto manifestar en las puertas de la embajada de Estados Unidos para que faciliten la extradición del ex presidente a Bolivia y enfrente a la justicia.
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