BOGOTÁ (AFP) — El presidente colombiano admitió el miércoles que se investiga una denuncia que lo vincula con una masacre cometida por paramilitares, después de que su primo fuera encarcelado dentro de un proceso que vincula a decenas de políticos oficialistas con esos grupos de ultraderecha.
El presidente Álvaro Uribe reveló en una entrevista el miércoles que fue acusado por un paramilitar preso de haber ayudado a planear una masacre de 15 campesinos en 1997, denuncia que dijo es investigada y sobre la cual, aseguró, tiene pruebas para desmentirla.
Uribe fustigó a sectores de la justicia con los que sostiene un enfrentamiento, advirtiendo de que debido al "imaginario de los bandidos hay que tener mucho cuidado de que los magistrados los estén estimulando para que acusen a gente honorable".
Según el mandatario, el testimonio asegura que el ahora presidente junto a militares se reunió con jefes de la ultraderecha para planear la incursión en el caserío de El Aro, departamento de Antioquia (noroeste), en la que murieron 15 campesinos y el pueblo fue quemado. El presidente anotó que pidió a sus abogados reunir toda la información de sus viajes y recordó que debido a las amenazas ha tenido escolta, por lo cual "desde el año 88 la fuerza pública colombiana sabe a dónde he ido yo, dónde he dormido y con quién me he reunido".
El proceso por los vínculos entre políticos y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzó en 2006, después que se hallaron documentos en el ordenador de un jefe de esos grupos que señalaban la existencia de pactos con congresistas, gobernadores y funcionarios para beneficiarse mutuamente.
Hasta ahora las denuncias sobre esos nexos de los políticos, en su mayoría oficialistas, con los paramilitares han tenido poco efecto sobre Uribe, quien conserva una amplia popularidad, aunque han afectado la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El antiguo jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, aseguró en la noche del martes que al menos la mitad del Congreso colombiano tiene conexiones con los paramilitares y las guerrillas de izquierda.
El miércoles, un legislador oficialista, Santiago Castro, aseguró que los ordenadores incautados a los extintos jefes de las FARC Raúl Reyes e Iván Ríos contienen "serios indicios" sobre vínculos de políticos con esa guerrilla, después de una sesión con el gobierno que analizó el tema.
La Fiscalía explicó en un comunicado que ordenó la captura de Mario Uribe por "concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley". Un ex paramilitar, Jairo Castillo (alias 'Pitirri'), ahora refugiado en Estados Unidos, acusó al dirigente de reunirse en varias ocasiones con jefes de las AUC para que le ayudaran a hacerse con tierras.
Tras conocer la orden de detención, Uribe se refugió en la embajada de Costa Rica para pedir asilo, pero San José consideró "improcedente" la solicitud. Uribe salió de la sede diplomática en medio de los gritos de "asesino" por parte de familiares de víctimas de los paramilitares que se habían apostado fuera.
Su captura se suma a los anuncios de investigaciones por los mismos cargos sobre la actual presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez, y el director del partido de La U (Unidad Nacional), Carlos García, que afectaron duramente a la coalición oficialista.
El ex presidente y director del opositor partido Liberal, César Gaviria, advirtió de que la crisis de la "parapolítica", como se conoce al proceso, plantea "una situación muy peligrosa", especialmente por la propuesta oficialista de crear un nuevo tribunal que asuma las pesquisas.
El ex congresista de izquierda León Valencia, director de la fundación Nuevo Arco Iris -especializada en el tema- dijo que Uribe enfrenta la misma encrucijada del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que en 1992 "decidió revocar a la Corte Suprema cuando en realidad la crisis estaba en el Congreso".
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