LA PAZ (AFP) — Las regiones que resisten al presidente de Bolivia, Evo Morales, protestaban en dos frentes, con huelgas de hambre y con una ofensiva diplomática ante la OEA en Washington, por una Constitución que el gobierno quiere aprobar de manera definitiva antes del 14 de diciembre y que es considerada ilegítima por la oposición.
Autoridades y líderes cívicos de cuatro departamentos opositores al presidente iniciaron el lunes huelgas de hambre en sus capitales contra la gestión de gobierno que seguían este martes.
En el poderoso Santa Cruz, que lidera el movimiento, unas 50 personas iniciaron este movimiento y este martes debían sumarse otras 50.
En medio de la creciente huelga de hambre contra su gestión, Morales volvió a invitar para este martes a los gobernadores de los 9 departamentos bolivianos a un diálogo, "sobre todo para escuchar sus nuevas propuestas" porque "a estas alturas pensar en nuevas movilizaciones es perjudicarnos entre los bolivianos".
Cinco prefectos disidentes (Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando) comunicaron que no asistirán al encuentro citado la semana pasada por Morales porque se encuentran en la sede de la OEA en Washington denunciando lo que consideran actos dictatoriales por parte del régimen de La Paz.
En cambio enviaron una carta abierta al mandatario indígena en la que aceptan dialogar "pero sólo en el marco del absoluto respeto a la democracia, al estado de derecho y la legalidad" y con "la participación de garantes que mutuamente acordemos y respetemos", como la Iglesia Católica.
El jefe de Estado consideró que "desde el momento en que condicionan el diálogo en el fondo (están) diciendo, no quiero el diálogo: rechazar el diálogo es antidemocrático".
Los prefectos declararon la semana pasada a sus regiones en resistencia civil contra la decisión de Morales de recortar sus presupuestos para crear un bono en favor de los ancianos y contra el proyecto de nueva Carta Magna aprobada por el oficialismo en la Asamblea Constituyente.
Luego de la aprobación global de la nueva carta, el pasado 24 de noviembre, las regiones reaccionaron con violencia contra el gobierno, especialmente en Sucre, donde en dos jornadas la población enfrentó con la policía con un saldo de tres civiles muertos.
Para zanjar la actual situación de impasse, el constituyente Guillermo Richter, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), planteó la anulación de lo obrado en la Constituyente porque "es un factor que divide y antagoniza".
En reuniones separadas, embajadores de la Unión Europea y de América Latina recomendaron a Morales insistir en el diálogo y en distender la situación. Mientras tanto, la directiva de la Constituyente continuaba sin poder definir el lugar y la fecha en la que se reunirá el plenario para discutir artículo por artículo el nuevo texto de la Carta Magna, a apenas diez días de que expire su vigencia constitucional.
En este caso, para la aprobación se requiere de los dos tercios de los asambleístas, por lo que necesariamente el oficialismo -con 55% de los 255 constituyentes- deberá llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición.
El gobierno, consciente de que el tema de la reelección indefinida, introducida en el primer texto aprobado, genera resistencias, considera la posibilidad de eliminarlo de la Carta para que sea luego dirimido en un referendo.
Morales reiteró este martes su intención de que la Constitución que sea aprobada sea igualmente sometida a un referendo. "Si estoy equivocado que lo diga el pueblo, que defina, que es lo más democrático", sostuvo.
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