MADRID (AFP) — Las recientes detenciones por posibles abortos ilegales han vuelto a destapar con fuerza el debate sobre la reforma de la ley de interrupción del embarazo en España, en plena campaña para las elecciones elecciones legislativas del 9 de marzo.
Este jueves fueron enviados a prisión dos psiquiatras de las siete personas detenidas el lunes, en la segunda parte de una operación que empezó el 26 de noviembre con la detención y encarcelación del ginecólogo peruano Carlos Morín. Morín, que fue detenido junto con otras seis personas, dirige varias clínicas privadas que practican abortos en Barcelona.
Los registros de esas clínicas y las detenciones se produjeron tras la difusión en la televisión danesa de un reportaje sobre abortos en esos centros a mujeres en los últimos meses de embarazo.
Los detenidos, cinco hasta ahora, están acusados de practicar abortos incumpliendo la Ley española.
Las clínicas de Barcelona han cerrado, en Madrid se suspendió temporalmente la actividad de una clínica por "graves irregularidades" y este tipo de clínicas en España han anunciado que cerrarán una semana en enero si continúan recibiendo presiones.
El aborto está despenalizado en España desde 1985, cuando se aprobó una ley que contempla tres condiciones. Se puede abortar por violación durante las primeras 12 semanas de embarazo, por malformación del feto durante las primeras 22 semanas -aunque hay malformaciones que se detectan más tarde- y si hay "peligro para la salud física o psíquica de la madre" durante todo el embarazo.
La mayoría de los cerca de 91.000 abortos practicados en 2005 en España lo fueron en ese último caso, es decir, incluyendo los últimos meses de embarazo, y se estima que es el último supuesto el que ha podido ser infringido.
Los hechos han provocado que abra con fuerza una vez más el debate sobre la reforma de esta ley, coincidiendo con la campaña para las elecciones de marzo. El Partido Socialista incluía en su programa electoral de 2004 la reforma de la ley -que no ha acometido- para permitir el aborto sin condiciones antes de un límite de semanas por determinar.
Aunque el programa electoral para marzo todavía no está terminado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo el martes que no incluirá esta reforma, sino sólamente la apertura de un debate al respecto durante la próxima legislatura.
La voluntad de evitar fuertes polémicas con la oposición de derecha y con la Iglesia católica, como la causada por la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales, se considera el motivo de haber eliminado este punto de la agenda socialista.
Varios miembros de la comisión ejecutiva del partido socialista hicieron ver el lunes a Zapatero la necesidad de plantearse esta reforma, que parece dividir a los socialistas. Mientras Zapatero y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se muestran reticentes, otros como el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, parecen apoyarla, ya que estima que la actual ley "puede tener carencias". Pero el ministro de Sanidad, Bernat Soria, insistió este jueves en que la reforma "no está en la agenda" del Gobierno, ya que las recientes irregularidades "son excepcionales".
El líder del PP, Mariano Rajoy, que se opone a la reforma, dijo esta semana que "lo que hay que hacer es cumplir la ley", mientras la Iglesia católica y varias asociaciones "provida" se oponen en redondo a esta práctica, frente a asociaciones feministas y sindicatos, que la reclaman.
El lunes, el Congreso rechazó una petición para modificar esta ley de Izquierda Unida (IU), que acusó a los socialistas de tener una postura "electoralista" e "hipócrita" sobre la reforma del aborto.
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