LIMA (AFP) — La sospecha de un acuerdo político bajo la mesa entre el presidente peruano, Alan García, y el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori le sigue pasando la factura al gobierno, que lanzó el sábado una ofensiva mediática para negar un supuesto pacto a cambio de mejores condiciones de detención para el famoso reo.
La insistentes versiones de la prensa y la oposición obligaron al primer ministro peruano, Jorge del Castillo, a aprovechar la cobertura nacional de la televisora estatal para rechazar la existencia de un acuerdo que permita al oficialismo controlar un año más el Congreso, gracias al voto de la bancada fujimorista.
La moneda de cambio que le ofrecería el oficialista APRA al bloque fujimorista sería el otorgamiento de beneficios penitenciarios en el régimen de detención para Fujimori.
Los cambios se conocieron tras la elección el sábado pasado como presidente del Congreso de un nuevo oficialista, con el sorpresivo respaldo de los 13 legisladores fujimoristas sin los cuales García hubiese perdido el control del Parlamento.
El primer ministro admitió que Fujimori tiene un régimen de visitas más flexible, pero aclaró que lo concedió el estatal Instituto Nacional Penitenciario en base a una revisión del estatus carcelario del procesado según la gravedad de los delitos por los cuales Chile lo extraditó.
"No hay ingerencia política de ninguna clase", dijo Del Castillo buscando disipar las dudas generadas por las denuncias de la prensa en un contexto en el cual una mayoría de peruanos considera a Fujimori culpable de violar derechos humanos durante su régimen (1990-2000).
El rechazo del Gobierno ya originó un fuego cruzado de declaraciones entre el Gobierno y el Poder Judicial, luego de que el ministerio de Justicia insinuase que fue el tribunal que juzga a Fujimori el responsable de la variación del régimen carcelario.
Los magistrados señalaron que no son ellos quienes deciden, sino que lo hace el Instituto Penitenciario, cuyo jefe es designado por el gobierno porque se trata de un cargo de confianza.
El diario profujimorista La Razón aportó claves al asegurar que el acuerdo se fraguó en dos reuniones: una entre el ministro del Interior y Fujimori en su prisión y otra entre el presidente García y la congresista Keiko Fujimori, hija del ex mandatario. Ambas partes han negado un pacto.
Según La Razón, la salida del gobierno del primer ministro durante el mes de agosto es una de las exigencias de los fujimoristas, que no le perdonan a Del Castillo haber acudido al juicio contra el ex mandatario para acusarlo del delito de secuestro.
Los privilegios carcelarios se hicieron manifiestos esta semana con ocasión del septuagésimo cumpleaños de Fujimori, que recibió a dos integrantes del grupo musical uruguayo Los Iracundos, uno de sus grupos preferidos.
Los músicos interpretaron canciones de los años setenta -época de fulgor de Los Iracundos- comieron torta y cantaron el tradicional 'feliz cumpleaños'.
La defensa de Fujimori señaló que éste no goza de privilegios y atribuyó los cambios al hecho de que las autoridades le impusieron por error en septiembre de 2007 un régimen restringido de visitas en la creencia de que Chile lo había extraditado por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Debido a los cambios, el ex mandatario, que antes solo podía ver a sus familiares, puede ahora recibir tambiém las visitas de amigos cercanos, los días martes, jueves y domingo.
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