SAN JOSE (AFP) — Un escándalo por el pago de asesorías con fondos donados por Taiwán para combatir la pobreza, se profundizó en Costa Rica con la renuncia del ministro de Vivienda y la petición del gremio de jueces de investigar a un magistrado que prestó consultorías al gobierno de Oscar Arias.
El tema de las consultorías, que mantiene caldeado el ambiente político desde hace más de un mes, desembocó el martes en la renuncia del ministro Fernando Zumbado, un político muy cercano al gobernante y a quien se mencionaba como eventual relevo en la Presidencia para el 2010.
Zumbado habría sido el responsable de gastar en costosas consultorías una donación de 1,5 millones de dólares que el gobierno de Taiwán hizo a Costa Rica para construir casas en una comunidad marginal de San José.
Una de esas consultorías, por más de 300.000 dólares, fue contratada a un ente privado del que el propio ex ministro fue fundador y al que perteneció hasta poco antes de asumir el cargo, el 8 de mayo de 2006.
Zumbado renunció un día después de que la viceministra de Vivienda, Ana Isabel García, lo responsabilizó en el desvío de los fondos de Taiwán para pagar las asesorías, al declarar ante el Congreso.
Sin embargo, Zumbado aseguró en su carta de renuncia que fue víctima de un "linchamiento político" por parte de la prensa y de un sector de la oposición y prometió que todo sería aclarado oportunamente por las autoridades judiciales.
Según la prensa local, el dinero taiwanés se canalizó a través de un fideicomiso con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ese mismo banco, que funciona con fondos de los gobiernos del istmo e inversiones extrarregionales, ha realizado presuntas donaciones por unos dos millones de dólares al gobierno de Costa Rica, mediante el pago a un numeroso grupo de consultores que prestan servicios a la Casa Presidencial.
Sectores de oposición acusan al gobierno de recurrir a ese mecanismo para eludir los controles de la administración pública y favorecer a partidarios políticos.
El martes, la Asociación Costarricense de la Judicatura, que aglutina a los jueces del país, pidió a la Corte Suprema que investigue al magistrado suplente Federico Sosto por haber dado asesorías al gobierno en el tema de las consultorías.
La Corte ya había analizado el caso y decidido por una votación de 12 contra 10 que no investigaría a Sosto, por considerar que su conducta no fue ilegal.
"Resulta indispensable no sólo para nuestro sector (judicial) sino para el país que se investigue con sumo cuidado el proceder del licenciado Sosto", afirmó el gremio de jueces en su solicitud ante la Corte, a la que pidió la revocatoria de su decisión anterior.
El escándalo toca de cerca a Arias y especialmente a su hermano Rodrigo, ministro de la Presidencia, quien ha tomado las decisiones en torno a la contratación de consultores.
Tanto el desvío de fondos de la donación de Taiwán, como el pago de consultores, son investigados por la Contraloría General de la República, la Fiscalía y una comisión legislativa, ante la cual deberá comparecer el jueves el ministro Arias.
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