LA PAZ (AFP) — El abrumador respaldo de los departamentos de Beni y Pando a dotarse de estatutos autonómicos -que se une al ya alcanzado en Santa Cruz- y la decisión del gobierno de Evo Morales de no reconocerlos reavivó una crisis política en Bolivia cada vez más difícil de desenmarañar.
El domingo, Beni aprobó su estatuto, una suerte de Constitución local que regulará el gobierno autónomo, con el 80% de los votos, mientras que en Pando el apoyo alcanzó un 82%, según sondeos no oficiales difundidos por cadenas de televisión que también resaltaron el alto ausentismo.
Los dos resultados, que se suman a Santa Cruz, que aprobó sus estatutos hace un mes con el 85% de los votos, se producen en medio de declaraciones del gobierno de que estas consultas son consideradas ilegales y por tanto inválidas.
Un cuarto departamento, Tarija, que concentra el 80% de la riqueza gasífera del país, realizará su consulta el 22 de junio, y se da por descontado que allí también será aprobado el modelo autonómico. "Lo que nos interesa saber es qué dicen nuestros cuatro pueblos a través de las urnas (y) cuando se complete este cuadro de legitimidad vamos a estar en condiciones de hablar con claridad con el gobierno", afirmó a la prensa el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
La distancia con el gobierno quedó aún más lejos con la petición de los prefectos opositores de Beni y Pando, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, respectivamente, para que el Ejecutivo reconozca los resultados del referendo, y la respuesta anticipada del ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada de no acceder a la demanda. "Pedimos respeto a nuestra soberana decisión de ser autónomos", afirmó el prefecto Suárez de Beni, mientras que su colega Fernández, de Pando, dijo que los funcionarios del gobierno "deberían tener una lectura generosa para reconocer el pedido del pueblo".
Rada, el poderoso ministro del gabinete de Morales, además de adelantar que los referendos son "ilegales e inconstitucionales", dijo que tienen "un corte separatista", impulsado por las élites civiles y políticas de derecha.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el otro colaborador poderoso de Morales, insistió que en las consultas de Beni y Pando hubo "un ausentismo" que en el caso del primero fue de 34% y en el del segundo de 46%, según datos extraoficiales de canales locales.
Sin embargo, Quintana dijo que las "legítimas demandas autonómicas" de las regiones deberían ser compatibilizadas en la nueva Constitución, que aún no está en vigencia, en el marco del diálogo que impulsa el poder Ejecutivo.
Es en ese punto donde está el meollo del conflicto: Bolivia está sumida en una fuerte crisis política, por las visiones irreductibles del oficialismo, que apoya un proyecto de Constitución que la oposición considera ilegítimo, y una oposición que, en respuesta, respalda los gobiernos autónomos.
El gobierno ha señalado su voluntad de compatibilizar autonomías con Constitución pero al querer incluir además autonomías municipales e indígenas, en la práctica lo que hace es quitarle fuerza a las autonomías departamentales y por tanto las regiones no aceptan la fórmula.
Regiones y gobierno han intentado dialogar sin éxito, y para tratar de solucionar el impasse, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron para el 10 de agosto próximo referendos para revocar o ratificar al presidente y a los nueve prefectos, una medida que analistas consideran no servirá para amainar el temporal político.
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