ANKARA (AFP) — La Corte Constitucional turca rechazó el miércoles una demanda presentada por el fiscal general para la prohibición del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en el poder, ahorrando a Turquía una crisis política y nuevas tensiones con la Unión Europea.
"Se ha decidido no disolver el Partido de la Justicia y el Desarrollo", formación islamista moderada, declaró el presidente de la Corte, Hasim Kiliç.
"Pero el hecho de que seis jueces (de 11) se hayan pronunciado en favor de la prohibición constituye una seria advertencia a este partido", acusado de "actividades antilaicas", destacó Kiliç.
La mayoría cualificada necesaria para validar la ilegalización del AKP era de siete votos.
Según el fallo judicial, la Corte rechazó también la demanda de prohibir a 71 miembros del AKP, entre ellos el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, la pertenencia a un partido político durante cinco años, como exigía el fiscal general, que interpuso varias demandas en marzo pasado.
Al cabo de tres jornadas maratonianas de deliberaciones, los jueces decidieron sin embargo privar al AKP de la mitad de la financiación pública que le correspondía este año, es decir unos 25 millones de euros, según la agencia Anatolia.
El primer ministro reaccionó asegurando que su partido seguirá protegiendo el laicismo. "El AKP nunca ha sido un foco de actividades antilaicas", tal como lo acusaba el fiscal general al pedir su ilegalización, dijo Erdogan ante un grupo de partidarios en la sede del AKP en Ankara.
"El AKP seguirá protegiendo los valores republicanos", uno de los cuales es el laicismo, dijo el primer ministro turco.
El presidente del Parlamento, Köksal Toptan, miembro del AKP, consideró que el fallo de la Corte tendrá "un impacto muy favorable para reducir las tensiones" exacerbadas por el proceso.
El líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP, oposición pro laica) en el Parlamento, Deniz Baykal, recordó que una mayoría de los jueces de la Corte Constitucional votó por la prohibición, y vio en ello la "confirmación" de las acusaciones vertidas contra el AKP.
Cihan Paçaci, un dirigente del partido de oposición Acción Nacionalista (MHP), exhortó al gobierno a "aprender la lección" del fallo de los jueces.
"El país se ha visto polarizado entre laicos y musulmanes, y eso no es correcto. El gobierno es quien debe rebajar la tensión", dijo a la cadena NTV.
En las filas del ejército, una institución que se presenta como garante del laicismo, el jefe del Estado Mayor, el general Yasar Buyukanit, se contentó con declarar a la prensa: "las convicciones de las Fuerzas Armadas sobre el laicismo nunca han cambiado".
La UE, con la que Turquía inició en 2005 contactos en vistas a su adhesión, tomó "nota" del fallo. El comisario para la Ampliación, Olli Rehn, invitó a Ankara a "reanudar con energía sus reformas para modernizar el país", mientras que la presidencia francesa de la Unión llamó a los actores políticos turcos a "resolver sus divergencias" mediante el diálogo.
Por su lado, Estados Unidos expresó confianza en la democracia de Turquía y dijo esperar que Ankara continuara implementando reformas en su búsqueda por integrar la Unión Europea.
El proceso es el primero abierto en Turquía contra un partido gobernante y el único conocido en el mundo en un sistema democrático.
Creado en 2001 y llegado al poder al año siguiente, el AKP ganó ampliamente las últimas legislativas en 2007 con casi el 47% de los votos.
El partido rechazó en todo momento las acusaciones de desarrollar "actividades antilaicas" y denunció un "golpe de Estado judicial" para expulsarlo del poder.
El AKP se granjeó la enemistad de los círculos defensores del laicismo al catapultar a la presidencia de la República a uno de los suyos, Abdulá Gul, e intentar legalizar el velo islámico en las universidades, mediante una enmienda constitucional aprobada en febrero y luego anulada en junio por la justicia.
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